El Parlamento Autonómico de Cataluña aprobó la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, que entró en vigor en la fecha de su publicación (12 de mayo de 2017). No obstante, el día 27 de septiembre de 2017 se publicó en el BOE la admisión a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad número 4063-2017 interpuesto por el Gobierno central contra ciertos preceptos de la referida ley (apartados a) y b) del artículo 3.1., esto es, los bienes inmuebles y los vehículos a motor con una potencia igual o superior a 200 CV). El pasado 28 de febrero de 2019, el pleno del TC resolvió dicho recurso de inconstitucionalidad mediante la STC 28/2019 desestimando íntegramente el mismo y declarando la plena conformidad de la Ley reguladora sobre los activos no productivos de las personas jurídicas con el artículo 157.2 de la Constitución Española y el artículo 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Tras dicha resolución, el gobierno catalán dictó el Decreto-ley 8/2019, que entró en vigor el 17 de mayo de 2019, con el objetivo de dar entrada a la efectiva aplicación del impuesto e introducir modificaciones no sustanciales de determinados preceptos.