La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 modifica la interpretación efectuada por la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la regulación de la retribución de los consejeros ejecutivos

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La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de febrero de 2018 modifica la interpretación efectuada por la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resolución de fecha 17 de junio de 2016, que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Barcelona 295/2017 de 30 de junio, sobre la regulación de la retribución de los consejeros ejecutivos.

El Tribunal Supremo declara que, tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital llevada a cabo por la Ley 31/2014, la exigencia de la previsión estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración afecta a todos los administradores, sin distingos entre categorías de administradores o formas del órgano de administración. Por tanto, el concepto de retribución de los administradores sociales en su condición de tales incluye tanto la retribución de funciones deliberativas y representativas como ejecutivas, todas ellas inherentes al cargo de administrador, lo que significa que el régimen de aprobación de las retribuciones de los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas no se limita al régimen del artículo 249 LSC, esto es, a la exigencia de un contrato aprobado por una mayoría de dos tercios por el propio consejo, sino que, además, debe someterse al régimen del artículo 217 LSC (la relación entre los arts. 217 a 219, de una parte, y 249 LSC, de otra, es de carácter cumulativo no alternativo).

La publicación de esta sentencia del Tribunal Supremo exigirá, en su caso, una revisión de las previsiones estatutarias para su adaptación a sus conclusiones.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de diciembre de 2017, estima totalmente y condena en costas al Estado en una demanda interpuesta por REY QUIROGA Fiscalistas por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador contra la discriminación del Impuesto sobre Sucesiones a un no residente Europeo

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El Tribunal Supremo (STS 14/12/2017) ha fallado la estimación total y la condena en costas al Estado en una demanda, interpuesta por REY QUIROGA Fiscalistas, contra un acuerdo del Consejo de Ministros que se negó a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en la discriminación a un residente Italiano que había satisfecho más de un millón y medio de euros por el impuesto sobre Sucesiones en España y que, si bien había prescrito el derecho a la devolución de ingresos indebidos, había tributado de forma discriminatoria comparativamente con un residente español, que, en función de su residencia en una Comunidad Autónoma, hubiese tributado mucho menos; habiendo señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tal legislación era contraria a la libertad de circulación de capitales.

La Sentencia determina, entre otras muchas cuestiones de interés fiscal, que el Estado ha de estar vigilante a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de adaptar su legislación fiscal a las Sentencias de éste porque, en otro caso, puede incurrir en responsabilidad patrimonial cuando se trate de impuestos prescritos.

 

 

España firma el convenio multilateral de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la doble imposición.

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España firma el convenio multilateral de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la doble imposición

Su firma pone punto y final a un proceso de negociaciones que se iniciaron en septiembre de 2015, con la creación de un grupo de trabajo en el que han participado 98 países y en el que España ha estado representada por la Dirección General de Tributos. El proyecto BEPS, de lucha contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) se ha desarrollado durante más de dos años y comprende un paquete de medidas para abordar el fenómeno de planificación internacional agresiva.

Epaña ha incluido en el convenio multilateral la mayor parte de los CDI, a excepción de aquellos que en la actualidad se encuentran en un proceso de renegociación. En cuanto a las cláusulas, se han adoptado la mayoría de ellas, por lo que el convenio podría modificar de manera automática, con su entrada en vigor, algunos de los 93 CDI negociados y firmados en los últimos 40 años por España con otros Estados.